El Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales documentó nuevas cifras en Bolívar que revelan la continua falta de compromiso del Estado para la vigilia y educación de sus funcionarios, y para la resolución de asesinatos durante procesos irregulares y supuestos enfrentamientos, publica Correo del Caroní.
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), que está a cargo del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales (OEE) del estado Bolívar, documentó 8 nuevos casos de muertes potencialmente ilícitas entre los meses de septiembre y octubre de 2018 en su tercer informe. Cifra que cuestiona, una vez más, la carente pericia de las autoridades y funcionarios públicos que violan protocolos internacionales.
El nuevo documento hace referencia a los principios básicos para el tratamiento de reclusos, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990, en el que se determina que las “personas privadas de libertad deben ser tratadas con el respeto debido a la dignidad intrínseca a su condición de seres humanos”.
El OEE hace mención a esto debido a que 2 de los 8 casos registrados de ejecuciones extrajudiciales fueron sobre víctimas que estuvieron bajo custodia del Estado.
Una de las víctimas documentadas fue Oswaldo Rondón, hombre de 39 años que en septiembre falleció en el Hospital Dr. Raúl Leoni, luego de estar privado de libertad en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). La causa fue por una presunta enfermedad, según información oficial. Pero los familiares denunciaron que supuestamente fue torturado con corrientes eléctricas.
Fuera de la normativa internacional
El Protocolo de Minnesota sobre muertes potencialmente ilícitas, exhorta a los Estados Partes a lograr la resolución de estrategias y ejecución de investigaciones apropiadas metódicas y transparentes. El texto explica que las ejecuciones extrajudiciales que carecen de averiguaciones eficaces, vulneran los derechos humanos a la vida y a un recurso efectivo.
OEE registró en su segundo informe 15 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Mientras que en el nuevo documento, correspondiente a los meses de septiembre y octubre, se suman 8 para hacer un total de 23 supuestos asesinatos a manos de funcionarios desde agosto.
“Se exhorta al Estado a realizar las investigaciones debidas a fin de ofrecer respuestas a los familiares de las personas fallecidas bajo circunstancias sospechosas”, señala el informe, al mismo tiempo que insta a las autoridades a cumplir con las obligaciones internacionales y les recomienda una evaluación de los centros de reclusión “a través de la inspección independiente de profesionales competentes”.
Los organismos actuantes de estos presuntos delitos que violan los derechos humanos, documentados por Codehciu en el OEE, fueron: Cicpc (en 5 casos), Policía del estado Bolívar (en 1 de los casos), Fuerza Armada Nacional Bolivariana (en 1 de los casos); asimismo el observatorio hace responsable al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario por la muerte de 1 recluso en la cárcel de El Dorado por falta de atención médica.
El monitoreo en medios regionales tomó en cuenta el caso de Héctor Peña, joven de 18 años, quien fue otra de las víctimas registradas en el tercer informe OEE. Fue presuntamente asesinado en la parroquia Chirica con arma de fuego por cuerpos del Cicpc. Las fuentes oficiales alegan enfrentamiento pero los familiares explican que se trató de un ajusticiamiento.
Por otro lado, el documento señala que funcionarios de la Policía del estado Bolívar presuntamente asesinaron a Ángel Moreno en la parroquia 11 de Abril del municipio Caroní.
Estas arbitrariedades están vistas internacionalmente como negligencias del Estado. El protocolo de Minnesota también recuerda la importancia del derecho humano a la vida: “Los Estados, sus órganos y agentes, y aquellos cuyo comportamiento es atribuible al Estado, deben respetar el derecho a la vida y no privar arbitrariamente a ninguna persona de su vida”.
Llamado de atención
Codehciu, en su observatorio, exhorta al Estado a ofrecer respuestas a los familiares de las personas fallecidas bajo circunstancias sospechosas, e insta a los órganos competentes a cumplir con las obligaciones propias de los reglamentos internacionales para identificar muertes potencialmente ilícitas efectuadas por funcionarios.
El observatorio también solicita al Estado que: “realice una investigación de oficio y de forma urgente de todas las denuncias de familiares desmintiendo las actuaciones de los órganos de seguridad, revisando que en la mayoría tienen la misma forma de actuar y que los familiares desmienten los presuntos enfrentamientos. Evaluando así el gran porcentaje de presuntos enfrentamientos”.
Los presuntos enfrentamientos entre cuerpos de seguridad continúan siendo objeto de denuncia por parte de los parientes. Cada vez son más quienes deciden no guardar silencio ante la posible irregularidad de este tipo de procedimientos. OEE concluye: “Las diferentes parroquias de San Félix continúan siendo los escenarios de la mayoría de los hechos monitoreados”.
Prensa Codehciu
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